Reflexiones ambientales desde la opinión pública hondureña

Autor: José Mario López Vásquez

Introducción

La formación de la opinión pública ha sido un ejercicio histórico por la búsqueda de la verdad y la participación de la ciudadanía en diversas etapas de vida social, que estará acompañada del surgimiento de los medios masivos de comunicación como: la prensa, la radio, la televisión y muy recientemente las redes sociales. 

Inicialmente los sondeos de opinión aportan en un ámbito electoral para definir preferencias partidarias de candidaturas, o para estrategias de diversos gobiernos, grupos económicos y académicos para entender lo que la gente piensa. A partir de Gallup, Roper y Crossley las encuestas y los sondeos, resultará el medio práctico de aprender lo que la nación piensa. [1]

Parte de la consolidación y evolución de los debates sobre la opinión pública se irá generando mediante un proceso de matematización y contabilidad para asegurar su cientificidad. Esto con la finalidad de evitar que la opinión pública sea lo que los medios de comunicación proponen, o lo que la clase política mediante algún funcionario o candidato opinen. Es por ello, que se opta por presentar la voz de la calle, y esto pasa por recoger el sentir y pensar de todas las personas independientemente de su credo, afiliación partidaria o situación socioeconómica. [2]

En este marco de consultar para conocer el pensar de la ciudadanía, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (en adelante ERIC-SJ), desde su plan estratégico busca contribuir a la construcción de una nueva institucionalidad democrática, específicamente desde la generación de conocimiento. Por ello, se opta por aprender y coordinar junto a los Jesuitas en El Salvador sobre una herramienta de consulta y de investigación heredada de la tradición del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. [3]

El sondeo de opinión pública (en adelante SOP) es un instrumento de corte cuantitativo y estadístico que tiene como propósito aportar a la reflexión, el debate y la búsqueda de caminos de salida a las diversas problemáticas enfrentadas por la sociedad hondureña. Para las autoras, Cecilia Straw y María Braun afirman que: “los sondeos no predicen el futuro, sí permiten ubicar diversos escenarios probables. Una encuesta rigurosamente desarrollada en cada una de sus etapas ofrece una información que debe estar muy próxima a los valores de la población, pero no se puede pedir exactitud” [4]. Los SOP serán como una fotografía para leer la realidad desde la percepción ciudadana en un momento específico, sin embargo, esta foto puede tener nuevos elementos en una siguiente toma o confirmar tendencias.  

El ERIC-SJ lleva 14 publicaciones del SOP [5] donde recoge las percepciones de la población sobre grandes temas como: evaluación de diversos gobiernos, cumplimiento de las responsabilidades de las instituciones estatales, sobre corrupción, la impunidad, la violencia, consumo de medios de comunicación, situación de derechos humanos y del ambiente.  La encuesta se aplica de forma domiciliaria y anónima en 16 departamentos del país a personas mayor de edad, por cuotas de edad y de sexo, tanto en el área urbana como rural, logrando una muestra representativa de la sociedad hondureña. 

Las diversas ediciones del SOP sirven de radiografía política desde la mirada ciudadana sobre los principales acontecimientos sociales que han marcado al país. Este se inició en un contexto convulso después del golpe de Estado en 2009, lo que posibilitó conocer las valoraciones ciudadanas sobre dicha crisis política y la evaluación del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, continuando las consultas en momentos claves de la coyuntura nacional y de  una débil institucionalidad que fue penetrada por el crimen organizado y narcotráfico, también se consultará en la transición política del primer gobierno de izquierda que busca hacer cambios reformistas en la vida política del país.

En este proceso de consultas a la ciudadanía y para fines de esta reflexión nos interesa conocer las valoraciones en temas ambientales, es por ello que se ha realizado un ejercicio de articular los principales apartados ambientales de diversas ediciones del SOP, para conocer la percepción ciudadana y las medidas que han asumido los diversos gobiernos. Por ello surge la interrogante; ¿los gobiernos han escuchado las demandas y valoraciones ambientales de la ciudadanía hondureña en los últimos 14 años?

Presencia del modelo extractivo

El modelo económico dominante ha mutado históricamente, desde procesos como la colonización o la industrialización donde se ha sufrido saqueos y explotación de las materias primas por parte de los países “desarrollados” en su mayoría del norte global hacia los países “pobres” del sur global, donde se generarán dinámicas de intercambio desigual e impacto ambiental diferenciado situación que vendrá a profundizar las brechas de inequidad social. 

En el caso hondureño la imposición de este modelo de desarrollo ha pasado por construir economías basadas en enclaves, por ejemplo: el enclave minero a finales del siglo XIX, la consolidación de la república bananera en el siglo XX y el reciente relanzamiento del modelo extractivo desde la explotación minera y agroindustrial. Estos enclaves a su vez tienen limitadas vinculaciones con los territorios adyacentes o la economía nacional, en cambio operan hacia el exterior. En efecto, los extractivismos son dependientes de la globalización. [6]

Una de las estrategias para mantener la explotación de las materias primas, será desde la legalización de actividades extractivistas, es por ello que en la mayor parte de países en América Latina desde las constituciones de la república han utilizado conceptos como; utilidad pública, interés estratégico o interés nacional, y desde una visión unilateral de los gobiernos y las empresas de estos conceptos se han servido para facilitar la entrega de territorios estratégicos y ricos en bienes naturales para los proyectos extractivos a empresas internacionales para su explotación. [7]

En Honduras en el artículo 340 constitucional declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la Nación, el Estado regulará su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social, y fijará las condiciones de su otorgamiento a particulares. Este artículo constitucional será base para la facilitación y entrega de los bienes naturales desde leyes como: Ley General del Ambiente, la Ley General de Minería, Ley de Aguas, Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, entre otras vinculadas al tema ambiental. 

La creación de estos marcos jurídicos responde al modelo de desarrollo neoliberal extractivista a fin de crear las condiciones para la implementación de propuestas de “desarrollo” impuestas por el norte global. Es por ello, que a inicios del siglo XXI se agilizará la entrega del territorio mediante concesiones mineras, de generación de energía, explotación de bosque, petróleo y privatización de agua, entre otros proyectos vinculados a la explotación del ambiente. Según el informe territorio en riesgo para el año 2021, en 200 municipios (70% del total en el país) hay áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía eléctrica. Las concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios y los de generación de energía eléctrica sobre 81 municipios. Mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos. [8]

Esta dinámica entreguista e inconsulta de los bienes naturales comunes[9] estratégicos generará un impacto importante en el aumento de la conflictividad socioambiental no resuelta en Honduras, que se manifiesta en diversos matices; el primero vinculado a mayor movilidad ciudadana y defensa ambiental de las comunidades que protegerán sus bienes naturales principalmente el agua, y un segundo será el aumento del riesgo para las personas que ejercen protección de los diversos ecosistemas naturales y comunes en territorios que carecen de presencia de la institucionalidad del Estado. 

Consulta en temas ambientales a la ciudadanía hondureña 

En este contexto de profundización del extractivismo[10] y de reducida participación y consulta ciudadana sobre la decisión del ambiente, toman mayor pertinencia los hallazgos de los diversos SOP del ERIC-SJ. Estos resultados son insumos legítimos para que los gobiernos los consideren en la elaboración y modificación de políticas públicas que promueven la protección de los bienes naturales y de las personas que ejercen defensoría ambiental. 

A continuación, se presentan algunos de los principales hallazgos encontrados en los diversos SOP en una línea de tiempo en temas ambientales como: las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), los problemas ambientales y participación ciudadana, la exigencia de justicia para defensores/as del ambiente, la agenda ambiental y la conflictividad agraria. 

1. ZEDE

Sus inicios se remontan al 2011 cuando el Congreso Nacional de Honduras reformó varios artículos de la Constitución y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como “ciudades modelo”. El concepto, originalmente estaba basado en la idea de “ciudad chárter”, desarrollado por el economista Paul Romer. 

Esta fue una propuesta impulsada desde el gobierno de Juan Orlando Hernández, que fomentaba la entrega de territorio estratégico a empresas privadas para “desarrollarlas”. Esta iniciativa fue aprobada, pero tiempo después se detuvo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, dicha resolución generaría un escenario para la destitución de 4 de los magistrados de la sala de lo constitucional (poder judicial) en diciembre de 2012[11] de manera arbitraria por parte del Congreso Nacional.

En SOP del año 2014 se le consultó a la población sobre: ¿Cree que las ZEDE (Ciudades Modelos) son la solución para la generación de empleo?, las respuestas de la población en ese momento fueron: nada con un 41%, poco 22.8%, algo un 18%, mucho con un 13.2% y 5% no sabe o no respondió. 

A pesar de no gozar de mucha aceptación por la pérdida de soberanía nacional, el proyecto siguió avanzando en al menos 3 puntos estratégicos del país. Sin embargo, la ley ZEDE concluyó con un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2024 declarándose inconstitucional. 

2. Problemas ambientales y participación ciudadana

En el año 2014 se consultó sobre: ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales que se generan en su comunidad?, la población ubicó en orden de mayor a menor los siguientes: 1) la acumulación de basura, 2) la contaminación de fuentes de agua, 3) incendios, 4) deforestación y, 5) destrucción de la flora y fauna. Retomando el tema de la explotación de los bienes naturales comunes en ese mismo año se consultaba a la población sobre; ¿Está de acuerdo con las concesiones de explotación de recursos naturales otorgadas por el Estado a las empresas privadas?, las respuestas de la población fueron: nada y poco de acuerdo con un 87.2%, algo o muy de acuerdo un 11.3%, y no sabe o no respondieron un 1.5%. 

En el SOP de 2016 se consultó sobre: ¿Quién cree que debe decidir sobre el uso de los recursos naturales de su comunidad, ríos, bosques, etc.?, en esta pregunta la ciudadanía expresa con mucha contundencia principalmente a 4 actores: en primer lugar, a la comunidad/nosotros mismos, en segundo lugar, a las corporaciones municipales y, en tercer lugar, al gobierno central en consonancia y consulta con las comunidades.  

En estas tres consultas queda evidenciado que la población hondureña vincula los problemas ambientales desde su experiencia local y se opone al papel de la empresa privada en la explotación de sus bienes naturales. 

A pesar del incremento de la responsabilidad a las comunidades sobre la administración de los bienes naturales comunes, al momento de consultar en el año 2016 sobre la participación en alguna acción de defensa de los bienes naturales en su municipio, el 83.8% dijo no haber participado, contra un 16.2% que sí lo hizo. Y quienes sí participaron en acciones de defensa de sus bienes naturales, lo hicieron en: defensa del bosque 64.6%, del agua 23.3%, minería y tierra 10.7%. Esta poca participación responde por un lado a la apatía ante la débil institucionalidad del Estado, es decir, se gestiona, pero no hay respuesta. Otra manera de interpretar esta poca participación ciudadana es, por la indefensión de las personas que defienden el ambiente, ambas situaciones fortalecen la cultura del miedo que desmoviliza.

En el SOP de 2019, en el marco del décimo aniversario del golpe de Estado de junio de 2009, en referencia al tema de bienes naturales: un 75.5% está de acuerdo en que, desde el golpe de Estado de 2009, los ríos y las montañas se entregaron a las empresas mineras e hidroeléctricas. Esta percepción es alimentada por el comportamiento del Estado, que en medio de una crisis política y con un gobierno de facto se entregaron diversas concesiones mineras y contratos para la generación de energía en Honduras, situación que abonará a la conflictividad socioambiental.  

Otro tema sobre el cual se consultó en 2019 fue sobre la situación energética y específicamente lo que tiene que ver con las empresas generadoras, el 93.1 por ciento de la población se manifestó contundentemente a favor de que se revisen los contratos energéticos. La misma consulta realizada en el año 2022, la sociedad sigue demandando con un 76.6% se revisen los contratos con las empresas generadoras de energía, un 21.6% en contra y un 1.8 no sabe o no respondió. Esta situación genera muchos vicios de corrupción en el otorgamiento de contratos y la sobrevaloración de la venta de energía al Estado por parte de las empresas privadas[12], impactando directamente el bolsillo de la ciudadanía hondureña. 

Las dinámicas de entrega de territorio mediante concesiones de manera inconsulta y con opacidad en la información genera conflictos con las personas que defienden los bienes naturales comunes. Honduras figura como uno de los países más violentos del mundo para las personas que defienden el ambiente y es por ellos que se ha consultado sobre dos líderes ambientales emblemáticos como lo fueron: Berta Cáceres y Juan López. 

3. Exigencia de justicia para defensores/as del ambiente

La defensa del territorio en un contexto de debilitamiento de las instituciones del Estado que regulan la legislación ambiental y garantizan la seguridad ciudadana, eleva exponencialmente el riesgo de las personas que se dedican a la defensa ambiental en Honduras. Según informes de Global Witness solo en el año 2023, registró 196 casos documentados de personas defensoras asesinadas por ejercer su derecho a proteger sus tierras y el medioambiente, ese mismo año Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita[13], con un total de 18, esto lo convierte en el país más peligroso en la tierra para las personas que defienden los derechos humanos y el territorio.

Muchas han sido las personas asesinadas por defender el territorio en Honduras unas más visibles y otras que siguen en el anonimato, pero si hay algo en que coinciden es que todas están en impunidad. En este caso particular el SOP ha consultado sobre 2 ambientalistas emblemáticos a nivel nacional e internacional, como lo fue la líder del pueblo Lenca Berta Cáceres y recientemente el delegado de la palabra de Dios Juan López. 

En el SOP de 2020 a 4 años del asesinato de Berta Cáceres se consultó sobre; la aplicación de justicia contra los responsables intelectuales de dicho asesinato, un 56 por ciento de las personas consultadas manifestó no creer que se investigue o enjuicie a quienes dieron la orden para asesinarla, sin embargo, el 37.7 por ciento valoró positivamente la aplicación de justicia en este caso, y un 6.3 por ciento no respondió a dicha pregunta. 

En la decimocuarta edición del SOP de 2025, se consultó a la población sobre la investigación del crimen y el castigo a los responsables del asesinato de Juan López, donde un el 59.7 por ciento de las personas considera que no se investigará ni se hará justicia por este asesinato, mientras que apenas un 32.3 por ciento confía en que sí se hará justicia, y un 8 por ciento manifestó no saber o no querer responder la pregunta.

Este pesimismo expresado por la ciudadanía a nivel de justicia con los ambientalistas se puede sustentar en un débil sistema judicial, ya que debido a su poca independencia aplica justicia de manera selectiva, y por otra parte la poca capacidad técnica y de personal de investigación del Ministerio Público. Sí en estos dos casos emblemáticos no se ha podido llegar a una justicia plena, automáticamente abre camino para que desde la impunidad se siga poniendo en riesgo la vida de muchas personas que defienden el territorio.  

4. Agenda ambiental: bosque y minería

La agenda ambiental es amplia y diversa, para el caso de este análisis se tomaron datos relevantes con la situación del bosque y minerales de Honduras. Al consultar a la población en diversos años sobre el uso de la madera podemos encontrar que, 9 de cada 10 ciudadanos manifestaron estar en contra de su explotación y venta.

Explotación y venta de Bosque

Año	A Favor	En contra	NS/NR
2015	1.9	97.3	0.8
2016	2.5	97.2	0.3
2017	1.9	97.7	0.4
2020	2	97.9	0.1
2022	5.3	94.1	0.6
2023	2.6	96.7	0.7
2025	3.3	96.2	0.5

Fuente: Elaboración propia mediante diversas ediciones del Sondeos de Opinión Pública.

Este rechazo, toma mayor relevancia cuando la ciudadanía pone énfasis en la protección ambiental, ya que al consultar sobre: ¿está usted a favor o en contra de la aplicación de una veda forestal?, es contundente la aceptación que tiene dicha medida de protección forestal. 

Aplicación de veda forestal

Año	A Favor	En contra	NS/NR
2022	73.7	22.9	3.4
2023	78.2	21.0	0.8
2025	85.0	14.6	0.4

Fuente: Elaboración propia mediante diversas ediciones del Sondeos de Opinión Pública.

Otro tema que ha tomado relevancia por la generación de conflictos socioambientales, ha sido el relacionado con la explotación de minerales. Al consultar en diversas ediciones del SOP sobre la aceptación de los proyectos mineros, nos encontramos que en los últimas cuatro consultas 8 de cada 10 personas manifestaron estar en contra de la explotación minera en el país. 

Instalación y explotación de proyectos mineros

Año	A Favor	En contra	NS/NR
2015	21.6	69.4	8.4
2016	17.9	75.9	6.2
2017	21.5	72.1	6.4
2020	9.4	88.2	2.4
2022	13.8	84	2.2
2023	9.5	86.6	3.7
2025	12.8	82.1	5.1

Fuente: Elaboración propia mediante diversas ediciones del Sondeos de Opinión Pública.

Ante la dinámica de entrega del territorio para la explotación minera, la ciudadanía sigue apostando por medidas para proteger el ambiente. Uno primera medida tiene que ver con el blindaje para declarar a Honduras territorio libre de minería a cielo abierto, en el SOP de 2022, un 74.8% manifestó estar muy de acuerdo o de acuerdo, un 19.4% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, un 3.2% ni de acuerdo/ni en desacuerdo y un 2.6% no sabe o no respondió. Al realizar la misma consulta en el año 2023, el 63.8% de la población consultada manifestó estar de acuerdo, frente al 29.9% que no está de acuerdo. Una segunda medida de protección lo expresa la ciudadanía en el SOP de 2023, donde el 81% de la población es del criterio de que el gobierno debe intervenir inmediatamente los parques afectados por proyectos mineros. 

Estos resultados en tema de bosque y minerales reflejan la preocupación de la población por la protección de los bienes naturales comunes, y plantean un desafío para la administración de los gobiernos en términos de políticas ambientales contundentes. Se puede palpar poca voluntad política, ya que iniciativas como el decreto legislativo 18-2024 que busca proteger las zonas núcleo de los parques nacionales prohibiendo la minería aún sigue sin ejecutar. 

5. Conflictividad agraria 

El conflicto agrario se puede describir como la acumulación fallida de respuestas oportunas por parte del Estado para la distribución de la tierra en Honduras. Actualmente hay diversos conflictos agrarios que se pueden caracterizar por: a) el irrespeto a los títulos y presencia histórica en las tierras comunitarias y ancestrales de los pueblos indígenas y garífunas, b) las tierras del sector reformado es decir, tierras que fueron entregadas en el marco de la reforma agraria y que fueron acaparadas por terratenientes mediante la ley de modernización del sector agrícola, c) tierras incautadas al narcotráfico y crimen organizado que tutela la oficina de administradora de bienes incautados (OABI), d) las tierra ejidales rurales y tierras estatales que al no tener un censo agrario actualizado ha permitido que grupos económicas vayan concentrando su tenencia. 

Una de las consultas que se realizó a la ciudadanía en diversas ediciones del SOP era sobre la pertinencia de una reforma agraria para una mejor distribución de la tierra, y podemos notar que casi en todos los años de la consulta (2011,2012,2013 y 2023) más del 80% de la ciudadanía están muy de acuerdo o algo de acuerdo en esta medida, a excepción de año 2017 donde un 65% por ciento manifestó estarlo con la medida.  

Reforma agraria para distribuir la tierra

Año	Muy de acuerdo	Algo de acuerdo	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo	NS/NR
2011	61.6	19.0	13.4	5.5	0.5
2012	69.6	14.9	8.9	5.8	0.8
2013	67.4	15.5	10.5	5.7	0.9
2017	42.7	23.0	17.3	11.5	5.5
2023	61.4	23.2	9.2	3.6	2.6

Fuente: Elaboración propia mediante diversas ediciones del Sondeos de Opinión Pública.

En el SOP del año 2023 se buscó identificar alternativas al conflicto agrario, y por eso se consultó a la ciudadanía hondureña sobre las posibles soluciones, identificando; en primer lugar, que el gobierno debe fortalecer la mesa de diálogo entre empresarios, campesinos y el mismo gobierno, en segundo lugar, la aprobación de una nueva ley de reforma agraria y, en tercer lugar, que se debe desalojar a los campesinos de las tierras. 

Estas medidas de solución planteadas por la ciudadanía, se pueden contrastar con algunas acciones que ha impulsado el gobierno de la presidenta de Xiomara Castro, donde resaltamos cuatro: 

1. El conflicto histórico en el Valle del Aguán[14], mostró un avance con la firma del acuerdo entre el Gobierno, La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) el 22 de febrero de 2022. A más de tres años de esta firma se sigue exigiendo la pronta instalación de una comisión internacional para investigar las violaciones a Derechos Humanos y una pronta respuesta sobre la tenencia de la tierra, ya que el clima de violencia y asesinatos contra el sector campesino no ha cesado.  

2. Instalación de mesas de seguimiento y abordaje a conflictos ambientales en la Península de Zacate Grande en el sur del país para remedir y titular tierras a favor de comunidades rurales. Otra mesa de trabajo instalada ha sido con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para solucionar el conflicto de los títulos ancestrales del pueblo Lenca. 

3. El pueblo Garífuna representado desde la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) ha ganado 3 sentencias internacionales contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos[15]. Para agilizar su implementación se realizaron acciones presión en la capital en el mes de la herencia garífuna (abril 2024), luego del plantón en los bajos del Congreso Nacional, el Gobierno decide instalar una mesa de alto nivel para la implementación de las sentencias vinculadas a la devolución del territorio ancestral a los garífunas en las comunidades de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan. Esta comisión debido a su poca capacidad en dar cumplimiento a las sentencias es enterrada simbólicamente, durante manifestaciones en abril de 2025 frente a casa presidencial por parte del pueblo garífuna. 

4. Instalación de la Comisión Nacional de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en junio de 2023 como una medida para solventar la situación agraria nacional, esta comisión ha impulsado lentamente las políticas públicas que ayuden a la redistribución de la tierra, pero ha efectuado ágilmente desalojos en los territorios. Entre el 6 de junio de 2023 y el 31 de julio de 2024, el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras documentó 33 desalojos, de los cuales 30 fueron violentos, afectando principalmente a comunidades campesinas e indígenas en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro, Atlántida, Cortés, Colón, Olancho y Choluteca. [16]

No se puede negar la intencionalidad del Gobierno en tratar de solucionar algunos conflictos socioambientales visibles del país. Sin embargo, todos los procesos planteados están en una situación de estancamiento debido a la poca agilidad institucional y de voluntad política, sumado a ello el volcamiento del Gobierno al proceso electoral del 2025. 

Reflexiones finales

En los diversos SOP desde el análisis a las consultas en temas ambientales queda confirmada un aumento de la conciencia ambiental, esto se refleja en el rechazo a la explotación minera y de los bosques, también al expresar contundentemente medidas de protección ambiental como: la generación de vedas forestales, procesos de reforma agraria para redistribuir la tierra y el declarar Honduras como territorio libre de minería a cielo abierto. Esta conciencia ambiental debe dar paso a mayores acciones de la ciudadanía en la protección de estos bienes naturales comunes ante la depredación de las empresas extractivas. 

Un aspecto a rescatar es el divorcio entre lo que la población siente y piensa desde los diversos SOP en temas ambientales y las medidas que han impulsado los diversos Gobiernos (2010 a 2025). Aunque el actual Gobierno de Xiomara Castro haya ejercido algunas medidas como la derogación  de la ley ZEDE, instalación de mesas interinstitucionales para solucionar conflictos de tierra, aprobó el decreto 18-2024 sobre las zonas protegidas libres de minería y no ha entregado licencias ambientales a empresas extractivas, no se puede negar que el control territorial lo siguen teniendo grupos de poder económico y algunos de crimen organizado, lo que limita que estas políticas finalmente solucionen los conflictos socioambientales en el territorio.  

Las respuestas a los conflictos ambientales en Honduras deben de ser integrales y cruza varios factores, algunos que podemos resaltar son los siguientes:

Un primer factor tiene que ver con romper la brecha de la impunidad y la búsqueda de justicia en temas ambientales. El Estado debe dar respuestas en el asesinato de líderes ambientalistas como lo fue Berta Cáceres, Juan López, los garífunas desaparecidos en Triunfo de la Cruz, y tantos hombres y mujeres del campesinado y de pueblos indígenas que han sido asesinados. También debe agilizar las deudas pendientes en términos de investigación y judicialización de casos por corrupción por proyectos extractivos en Honduras. 

Un segundo factor será la modificación y aplicación de leyes en temas ambientales, garantizando la protección de los ecosistemas y de la vida de las personas que defienden la casa común. También se deben respetar iniciativas como; los cabildos abiertos donde los municipios se han declarado libres de extractivismo y mantener una actitud de consulta a los pueblos indígenas en base a convenios internacionales. Estas iniciativas se verían fortalecidas si el Gobierno firmara y ratificara, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. 

Un tercer factor que no se debe descuidar es la educación ambiental, clave para cambiar los estilos de vida y de consumo, como nos recuerda el papa Francisco: si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza[17]. Este factor se podría dinamizar desde campañas ambientales desde la currícula nacional de educación, la formación política desde la educación popular o desde la socialización de iniciativas alternativas al modelo extractivo. 

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1. Seoane, J. (2019). Opinión pública. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 17, 235-248. P. 243.

2. Ídem.

3. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP). Ver página web: https://uca.edu.sv/iudop/

4. Braun, M y Straw, C (2009). Opinión Pública: una mirada desde América Latina. Medios, encuestas y políticos: una tensa relación de necesidad. Editorial: Emecé. P. 191.

5. Sondeo de Opinión Pública (14 boletines digitales). Ver página web: https://www.sop-eric.org/

6. Derechos y violencias en los extractivismos: Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica (2019). Oscar Campini, Marco Gandarillas y Eduardo Gudynas. Editorial La Libre.

7. Utilidad privada, despojo público (2021). Utilidad Pública y conceptos análogos relacionados con actividades minero-energéticas análisis en Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras, Chile, México y Perú. Ver informe en: https://www.semillas.org.co/es/publicaciones/informe-regional-utilidad-privada-despojo-publico

8. FOSDEH,UNAH,OXFAM. Territorios en Riesgo III: Minería, hidrocarburos, y generación de energía eléctrica en Honduras. UNAH, FOSDEH, OXFAM: Tegucigalpa, 2021.

9. La denominación “Bienes Naturales Comunes” es un concepto eminentemente político que privilegia el valor de la naturaleza para beneficio general y colectivo de la humanidad y, por tanto, rechaza la concepción o definición tradicional de “recursos” naturales, que implícitamente conduce a darles un valor mercantil, y por ende monetario, a bienes como el agua, el aire, el suelo que son esenciales para el Buen Vivir de los pueblos; en consecuencia, no pueden convertirse en mercancías. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación con la Universidad de Saint Louis Missouri (2016).

10. Lo entenderemos como: “un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”. Eduardo Gudynas (2013).

11. Honduras condenada por destitución arbitraria de cuatro magistrados, perpetrada por el Congreso de JOH. Disponible: https://criterio.hn/honduras-condenada-por-destitucion-arbitraria-de-cuatro-magistrados-perpetrada-por-el-congreso-de-joh/

12. Radio Progreso. Energía Sobrevalorada. Disponible: https://energiasobrevalorada.radioprogresohn.net/

13. https://globalwitness.org/es/press-releases/mas-de-2100-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-asesinadas-en-el-mundo-entre-2012-y-2023/

14. Revista Envío. Número 75. septiembre de 2023: Valle del Aguán: Movimiento campesino y luchas por el derecho a la tierra. Disponible: https://eric-sj.org/revista-envio/valle-del-aguan-movimiento-campesino-y-luchas-por-el-derecho-a-la-tierra/

15. CESPAD. Ofraneh: “se ha dado un paso para cumplir las sentencias, pero nuestro optimismo es limitado”. Disponible en: https://cespad.org.hn/ofraneh-se-ha-dado-un-paso-para-cumplir-las-sentencias-pero-nuestro-optimismo-es-limitado/

16. CESPAD. Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral. Septiembre, 2024. Ver informe en: https://observatorio.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2024/09/Asi-Avanza-VF-PRESS.pdf

17. Laudato Sí. Papa Francisco (2015). Página 163.